A Propósito de Sonia Sotomayor

Enrique Barros
Presidente del Colegio de Abogados

Las audiencias en el Senado norteamericano para nominar un juez de la Corte Suprema son una prueba de fuego, en que durante días el personaje es desnudado ante la opinión pública. El procedimiento puede no ser el mejor, pero al menos dificulta el acceso a la Corte de personajes oscuros o ineptos, cuyo único capital es la cercanía a grupos en el poder.

Sonia Sotomayor, recientemente nominada por el Presidente Obama, es una personalidad impresionante. Nacida en el Bronx, a 1os nueve años perdió a su padre portorriqueño. Apoyada por su madre enfermera y por una familia emprendedora, descolló en un exigente colegio católico del barrio. Así pudo hacer sus estudios generales en Princeton y luego de derecho en Yale. Siempre con 1os más altos honores. Luego de un exitoso paso por la profesión, llegó a ser una de las más jóvenes jueces federales: una historia de esfuerzo ininterrumpido desde la niñez.

¿Supone su historia personal un sesgo hacia las minorías o hacia un activismo judicial, en que 1os dictados del corazón importan más que 1os del derecho? El tema es recurrente en las audiencias. Pero está la evidencia pública de más de 300 fallos de su redacción, donde parece inferirse la doctrina de que el papel legítimo del juez es respetar el derecho con un discernimiento jurídico fino y no transformar en reglas las convicciones o sentimientos personales.

Más allá del efecto político de la designación de un juez que tiene todas las facultades civiles y constitucionales en un país tan complejo y poderoso, cabe pensar en cuál es el resultado esperado de un proceso de designación. La libertad interior del buen juez le asegura inmunidad frente a influencias que afecten su independencia. Pero también requiere la humildad que exige una función que no es de gobernar, sino de adjudicar conforme a derecho.

Es impensable un juego en que las reglas son las que el árbitro define caso a caso. Lo mismo vale, en mayor escala, en la gran sociedad civil y política, donde el juez cuida que las decisiones de la autoridad estén sujetas a la ley y que millones de interacciones cotidianas se rijan por reglas compartidas.

Del juez se espera un cierto ascetismo que se opone a la actitud iluminada del activista judicial. El juez carece de 1os instrumentos técnicos para definir políticas públicas. Tampoco posee la legitimidad política para hacerlo. Por eso, desde 1os romanos su tarea es la jurisdicción, esto es, "decir el derecho". Pero eso también exige una particular competencia profesional.

En Chile se votó esta semana una quina de candidatos a la Corte Suprema. Es destacable que podamos saber cómo votó cada ministro para conformarla. Ahora viene un período de negociaciones entre el Ministerio de Justicia y el Senado para efectuar la nominación. Todo indica que en ese proceso silencioso nadie se sentará, con antecedentes en la mano, a revisar 1os fallos que han dictado 1os candidatos, ni la independencia y lucidez jurídica que ellos evidencian, ni la dedicación que han mostrado en su tarea.

Sería un gran avance que en cada etapa hubiere un discernimiento más fino de lo que realmente importa. La relevancia institucional de la Corte Suprema (y también del Tribunal Constitucional) exige prácticas de designación que favorezcan un juicio sereno e informado. De paso, se evitaría el riesgo de una negociación soterrada que termine en una repartición por meras inclinaciones o afinidades.

Un procedimiento de designación no puede ser ciego a lo que esperemos de un buen juez. Con todos sus defectos, un escrutinio como al que ha sido sometida Sonia Sotomayor es bueno para la democracia y para la vigencia del derecho.